El Gobierno desprecia una orden de la UE para proteger el español: «No inspeccionaremos los colegios»

Pese a los múltiples ataques al español en las aulas catalanas, el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene intención de comprobar si la Generalitat aplica o no la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir al menos un 25% de clases en castellano en los centros educativos. El Ejecutivo sostiene que no tiene competencias para exigirlo y afirma que la Alta Inspección no revisará si en las aulas se maltrata el castellano. Sánchez, que depende de los partidos separatistas para mantenerse en La Moncloa, mantiene así el perfil bajo pese a los insistentes fallos judiciales para proteger el español en Cataluña y desoyendo también una reciente petición del Parlamento Europeo que insta al Ejecutivo y al Govern a cumplir las sentencias.

En un documento oficial remitido recientemente al Congreso de los Diputados, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Gobierno insiste en esa línea: «La Alta Inspección no es una inspección de inspecciones ni tiene carácter supletorio o subsidiario ante la inacción de las Administraciones educativas, por lo que no caben, en ningún caso, los requerimientos e inspecciones en centros educativos por su parte».

En febrero, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo anunció el envío de un requerimiento al Gobierno español y a la Generalitat para pedirles que hagan cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la administración educativa catalana a impartir el 25% de las clases en español. El caso llegó a Europa de la mano de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de Cataluña, que reclamó apoyo para hacer cumplir las sentencias judiciales ante la pasividad de las instituciones españolas. El PSOE y sus aliados separatistas y proetarras intentaron cerrar la petición, que sí contó con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox.

«Cabe señalar que será la Generalitat de Cataluña la que deberá ejecutar la sentencia en los términos que le indique el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El cumplimento de las sentencias no requiere ninguna comunicación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo», se limita a responder el Gobierno, remitiéndose para su inacción al «estricto respeto de la división competencial entre el Estado y las comunidades autónomas».

Pacto con los separatistas

Recientemente el PSOE, los comunes, ERC y Junts pactaron un acuerdo que permitirá a las escuelas eludir las sentencias del 25%. Se trata de una modificación de la ley de política lingüística, que incluirá la presencia del español en las escuelas pero sin obligar a un porcentaje mínimo lo que, en la práctica, supone vía libre para que los colegios sigan marginando esta enseñanza. Además, el catalán se consagra como «la lengua normalmente empleada como vehicular» y el español será «empleado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro». Es decir, no tendrá la consideración de «vehicular».

De esta manera, la norma catalana seguirá priorizando la enseñanza del catalán y, con el aval de los socialistas, marginando el español. Precisamente, el Govern debía dar respuesta esta misma semana a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a ofrecer un 25% de la enseñanza en castellano.

Según la proposición de ley registrada por estos grupos en el Parlamento catalán, esta lengua se consagra como «centro de gravedad» de la educación en Cataluña y serán los centros los que decidan la presencia del español en sus proyectos lingüísticos.

El texto determina que «la presencia de las lenguas oficiales debe tener en cuenta «la situación sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas».